Una carta de la Dra. Mirtha N. Lewis, directora del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) en el Diario de Madryn del 23 de diciembre pasado reanimó un debate que lleva ya varios años.
Por Luis Manuel Claps
en noalamina, 27 de diciembre 2010
Foto: chenque trasladado desde el área del yacimiento Navidad a la proximidad de la localidad de Blancuntre.
Algunos comentarios sobre la carta de la Dra. Lewis en el Diario de Madryn:
Lewis se refiere en su carta al "caso del rescate de una tumba arqueológica o chenque ubicada originalmente en el área de exploración del llamado "Proyecto Navidad".
El chenque no está ubicado originalmente en el área del proyecto minero. El chenque es anterior al proyecto minero, por lo tanto es el proyecto el que se ubica en el área del chenque. El chenque también es anterior al Estado, a los funcionarios que decidieron sobre él y a la disciplina arqueológica que lo definió como tal.
Sigue Lewis: "Desde su creación hace 40 años nuestra institución ha sido constantemente requerida por el Estado provincial para efectuar estudios de Línea Base y de Impacto Ambiental, cuyo propósito es prevenir y morigerar potenciales daños al ecosistema y al patrimonio cultural e histórico vinculados con emprendimientos tanto gubernamentales como privados".
Emprendimientos que, en caso de afectar a los Pueblos Originarios, deben realizarse con su consentimiento libre, previo e informado. No es el caso del proyecto minero Navidad.
"Todos esos estudios son realizados acordes con la legislación y normativa vigente. En el caso de esta área de exploración, se realizó en cumplimiento de dos leyes de la provincia del Chubut y sus respectivos decretos reglamentarios: la Ley 4032/95, de la cual es órgano de aplicación la Dirección de Protección Ambiental, y la Ley 3559/90, cuyo órgano de aplicación es la Secretaría de Cultura".
La Ley 3559 Régimen de las Ruinas y Yacimientos Arqueológicos, Antropológicos y Paleontológicos es una ley hecha por arqueólogos (como su nombre lo indica), si los mismos arqueólogos no la cumplieran...
"En 2005, ante un diagnóstico de riesgo de destrucción y a solicitud requerimiento expreso de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Asuntos Indígenas y de las comunidades aborígenes de Blancuntre-Yalaláubat y Lagunita Salada-Gorro Frigio- Cerro Bayo, se llevó a cabo el rescate y la relocalización del chenque".
Demos algunos detalles más al resumen de Lewis: la empresa minera, el gobierno y el presidente de la comunidad de Blancuntre Yalaláubat firmaron un convenio el 28 de agosto de 2004. En este convenio se consintió el traslado del chenque a cambio del título de las tierras de la comunidad. Un 25 de mayo de 2009, cuatro años después del convenio con IMA, el gobierno entregó el título a la comunidad por 26.000 hectáreas.
Sin embargo, para el Equipo de Pastoral Aborigen (en su Informe de Situación de los Derechos Indígenas en Chubut 2009), ese territorio es escaso y no fue atendida la letra constitucional de "tierras aptas y suficientes". El título de propiedad comunitaria, registrado como "donación", se distancia de una verdadera restitución. La inscripción de la comunidad como "asociación civil" en la Inspección General de Justicia, requisito del gobierno para entregar las tierras, le quitó valor a la personería como Comunidad Aborígenes.
Por suparte, IMA obtuvo 18,5 millones de dólares antes de dejar el proyecto a otra operadora, la canadiense Aquiline Resources (CCNMatthews, 19 de octubre 2006). Esta empresa fue vendida pocos años después en una transacción por valor total de 626 millones de dólares ("Pan American Silver Corp. to Launch Friendly Offer for Aquiline Resources", 14 de octubre 2009). Los accionistas de la actual operadora, Pan American Silver, esperan obtener miles de millones mientras la plata se cotiza a valores récord. Parece que la comunidad de Blancuntre obtuvo muy poco, comparativamente, en estos años: solo 26 mil hectáreas que serán el patio trasero de una operación minera. Estas tierras están rodeadas de derechos mineros. ¿No se trata acaso de un nuevo despojo?
Concluye Lewis: "Este trabajo contó con la participación activa de miembros de esas comunidades".
Pero no tuvieron la misma participación cuando se otorgaron los derechos mineros, ni la tendrán cuando se decida la explotación de los yacimientos (hoy prohibida por la ley provincial 5001).
"Por lo antes expuesto, esta Dirección expresa su total respaldo a la trayectoria y actuación del personal del CENPAT que intervino en este trabajo y, al mismo tiempo rechaza las opiniones descalificantes hacia nuestra institución y el CONICET vertidas por el Lic. Darío Aranda en la presentación de su libro".
¡El mayor respaldo se lo dio el Cenpat a la empresa minera!
Nota completa en:
http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-chubut/reanimando-el-debate-sobre-el-patrimonio-arqueologico-y-la-mineria-en-la-meseta-central-de-chubut
