LOS DOCENTES DE ESQUEL Y LA REGIÓN TAMBIÉN RECHAZAN LA MEGAMINERÍA, AQUÍ EL DOCUMENTO FIRMADO POR ALREDEDOR DE 800 DOCENTES DE MÁS DE 50 INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
Esquel, 30 de Mayo de 2012.-
“EDUCAR PARA LA AUTODETERMINACIÓN: NUESTRO NO A LA MEGAMINERÍA”
Los docentes de Esquel, Trevelin y la región abajo firmantes, en atención al rol social que desempeñamos en la comunidad y en consonancia con la reciente declaración de los pediatras de Esquel y la comarca, así como de otros colectivos que están comenzando a pronunciarse, consideramos necesario expresar nuestro firme rechazo ante la insistencia en la radicación del emprendimiento extractivo minero que es de público conocimiento. Rechazamos asimismo la presencia en nuestra comunidad de la empresa Minas Argentinas, fachada local de Yamana Gold, que no hace otra cosa que traer controversias sobre un tema que ya ha sido debatido y decidido por la sociedad esquelense.
Producto de ese profundo debate es la ordenanza 33/2003 que declara a Esquel “Municipio Ambiental y Sustentable” y prohíbe la actividad minera con uso de sustancias tóxicas y explosivos en nuestra localidad. A nivel provincial, por su parte, aquel debate y aquella movilización popular generaron la ley 5001, que impide la explotación minera a cielo abierto y con uso de cianuro en Chubut. Asimismo, el HCD de nuestra ciudad declaró, mediante la ordenanza 05/2004, el 23 de marzo de 2003 como “Día de la dignidad del pueblo de Esquel”.
Todo esto pone de manifiesto que nuestra comunidad, con la fuerza de una decisión colectiva incontrastable, ha decidido, con el 81 por ciento de los votos, no otorgar la licencia social para este tipo de saqueos; y además pretende sostenerlo mediante la conmemoración de esa consulta en las instituciones educativas de la localidad. Para ello, el HCD ha declarado de interés municipal el proyecto pedagógico “23 de marzo, Día de la dignidad del pueblo de Esquel”, por ordenanza Nº 68/2011. Dada la coyuntura que nos convoca nos parece oportuno recordar uno de los considerandos de dicha ordenanza que fuera aprobada de manera unánime: “Que resulta de vital importancia que la comunidad mantenga vivo el registro de uno de los momentos más significativos y controversiales de su historia reciente y pueda utilizarlo como antecedente insoslayable si se presentaran nuevas instancias de imposición de actividades que afecten sustancialmente el medio ambiente compartido y la vida de sus habitantes”.
Por otra parte, la ley provincial III-21 (ex ley N°4347), de “Protección integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia”, a la que el Estatuto Docente refiere para encuadrar nuestra labor, dice en su artículo 10, inciso e): “Asegurar que todos los sectores de la sociedad, los miembros de la familia, y en particular los niños y adolescentes, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene, el saneamiento ambiental y todas las medidas de cuidado y prevención.” Y en su artículo 29: “En la educación de los niños y los adolescentes, el Estado, a través de los sistemas de enseñanza formal y no formal, deberá propiciar la construcción de valores basados en el respeto por los derechos humanos, por la pluralidad cultural, por la diversidad planteada por la discapacidad o desventaja, por el medio ambiente, por los recursos naturales y por los bienes sociales, preparándolos para asumir una vida responsable”.
Día a día insistimos en una sociedad más justa, con futuros ciudadanos que se manejen pacíficamente, en democracia, a favor de la vida y luchando por sus sueños y convicciones. Desde la educación inicial abordamos el cuidado de la naturaleza, el uso racional del agua y de la energía, el reciclaje; también valores fundamentales como la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto por la diversidad; o el derecho a la autodeterminación, asumiendo consecuencias y responsabilidades. Luego, les enseñamos matemática, lengua, música, idiomas, ciencias naturales, ética, tecnología, plástica, teatro, ciencias sociales, geografía, historia, educación cívica con la firme convicción de que estamos educando para la vida. Por eso, debemos procurar coherencia entre aquello que enseñamos, el modo en que lo enseñamos y las prácticas de nuestra propia vida personal y social.
Nos escuchan y nos miran los jóvenes y adultos que pueblan escuelas de todos los niveles, institutos y facultades. Los proyectos de vida que para muchos estaban vedados hace no tanto tiempo, son un horizonte posible. La universalización de la educación secundaria implica pensar un nuevo mundo del trabajo que es incompatible con una actividad como la megaminería por depredadora y extractiva, por su insostenibilidad intrínseca. Docentes y escuelas debemos demostrar a los estudiantes la ligazón entre palabra y acto, para evaluar cuánto de viable tiene lo que declamamos, siendo protagonistas en la construcción y defensa de las condiciones de materialidad que se ajusten al futuro simbólico que proponemos. Educar para la libertad del mañana requiere compromiso con la libertad hoy. Los docentes estamos atravesados por nuestra problemática socioambiental; en consecuencia, tenemos el derecho y el deber de asumir una postura clara y activa en defensa de los derechos humanos y la vida de la comunidad a la que pertenecemos y con la que interactuamos.
Sabemos que cuando una empresa transnacional se instala en una región, se instala también el intervencionismo. Su enorme poder económico comienza a tener injerencia en todas las actividades e incluso suplanta a las instituciones públicas. No es casual que en la propaganda minera lo primero de lo que se hable sea de proveer infraestructura (hospitales, escuelas, etc). Su influencia alcanza al poder político, a las fuerzas de seguridad, a los mecanismos de la justicia, y también, por supuesto, a la educación.
A fin de conseguir la licencia social y apoyadas en sus inmensos márgenes de ganancia, las empresas transnacionales, en connivencia con funcionarios que les son adictos, ocupan los roles de un Estado deliberadamente ausente y ponen recursos en actividades que puedan reportarles algún tipo de adhesión. Esta presión no requiere necesariamente del dinero, sino que se ejerce mediante la simple puesta en funcionamiento de sus relaciones políticas.
Como docentes, sabemos que la instalación de esta actividad pone a merced de fuertes condicionamientos nuestra profesión y por tanto la educación de los alumnos. Cualquier influencia que provenga de los intereses rapaces de una empresa minera, sea por la asignación de fondos o mediante diversos tipos de mecanismos coercitivos, coartaría nuestra forma de educar, de aprender y de investigar. Vaya como ejemplo lo ocurrido con los manuales de Educación Ambiental presentados en abril de 2011 por el Ministerio de Educación de la Nación, en los cuales se explicaban los efectos devastadores que la megaminería produce en el medio ambiente y que no pudieron ser distribuidos en las escuelas debido a la acción del lobby minero.
Tanto docentes como alumnos -la comunidad educativa entera- nos veríamos restringidos para abordar ciertos temas, difundir determinado tipo de trabajos, investigar el impacto ambiental, social o económico de la megaminería o el comportamiento legal de las empresas transnacionales. ¿Cómo deberíamos enseñar en esa situación? ¿Mintiendo? ¿Sin fundamentos bibliográficos? Hoy nos avalan muchísimos autores, entre pedagogos, sociólogos, hidrogeólogos, geólogos, químicos, científicos de todos los tipos, con estudios a los que nuestros alumnos tienen la libertad de dirigirse para investigar. No sería ético comenzar a tergiversar este conocimiento; estaríamos avalando una sociedad futura irreflexiva, acrítica e ignorante.
Los docentes de todos los niveles educativos de la región queremos seguir enseñándoles a nuestros alumnos que ser integrantes de una república significa tener el derecho a la autodeterminación. Y frente a nuevos o viejos embates de cualquier persona o empresa interesada en saquear nuestra economía y nuestros bienes comunes, queremos tener la posibilidad de pararnos críticamente ante la realidad.
Queremos que en nuestros alumnos se siga creando la conciencia de que los representantes son eso, representantes y por lo tanto su trabajo es representarnos o irse; que no son jefes ni patrones; que sus compromisos partidarios no son más importantes que su obligación de representarnos, y que estar entre una empresa transnacional y el pueblo no es estar entre la espada y la pared, si se tiene conciencia cabal de que es al pueblo a quien se debe representar.
Queremos seguir leyendo con ellos los derechos constitucionales que nos amparan en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que declara que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo”.
Queremos que nuestros alumnos sigan analizando las diferencias entre una actividad productiva y una actividad extractiva.
Queremos que nuestros alumnos sigan analizando el discurso político cuando intenta confundir la megaminería saqueadora con cualquier otro tipo de minería, o cuando da por sentada la necesidad de la extracción sin analizar el destino final de cada mineral, ni cuestionar en ningún momento el ritmo vertiginoso de consumo.
Queremos seguir analizando con nuestros alumnos y entre los docentes por qué una economía local, regional o nacional no puede depender de una sola actividad, mucho menos de una sola empresa, y mucho menos si esa actividad es por un tiempo limitado.
Queremos seguir analizando con nuestros alumnos cuáles son los roles de nuestros funcionarios, y su obligación de apoyar y generar emprendimientos verdaderamente productivos, que permitan a la comunidad crecer de manera sustentable y no quedar abandonada a los intereses transnacionales.
Queremos seguir investigando el funcionamiento del poder político, y analizar entonces por qué la actividad privada del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, cuyos vínculos con la empresa Barrick Gold fueron denunciados por la diputada Fernanda Reyes, es incompatible con la función pública.
Queremos seguir debatiendo con nuestros alumnos el significado de la expresión “judicialización de la protesta social”.
Queremos seguir con la saludable costumbre de analizar discursos, para desmontar las mentiras de los empresarios cuando afirman, por poner un ejemplo entre tantos, que un emprendimiento será por galerías y que el material será lixiviado en otro lugar. Esta estrategia de fragmentación para burlar los cuestionamientos ambientales cambiando la escala y la envergadura de los megaproyectos ha sido prohibida incluso en Canadá.
Queremos analizar con nuestros colegas y alumnos la problemática socioambiental sin limitarla a dimensiones económicas y técnicas, sino vinculándola con los derechos humanos y el bienestar de las comunidades. Por lo tanto, debemos denunciar el avasallamiento a las pautas culturales de nuestra población cuando una empresa cambia el nombre de Esquel por el de Suyai, cuando ignora la voluntad y la idiosincrasia de sus pueblos originarios o cuando intenta lucrar y posicionarse a costa de su sufrimiento, como hemos visto a raíz de las consecuencias que ha tenido en la meseta la erupción del volcán Puyehue.
También queremos, y consideramos fundamental para nuestro trabajo, que existan centros de estudiantes y cogobiernos en nuestras universidades y colegios; y por lo tanto nuestros docentes deben tener la posibilidad de debatir con sus alumnos sin ningún tipo de condicionamiento corporativo.
Queremos que la educación siga siendo pública y gratuita, financiada en un 100% por el Estado, sin la injerencia presupuestaria de empresas y sin que dictaminen los contenidos que deben ser trabajados.
Queremos que el futuro de los estudiantes, docentes y escuelas no esté predeterminado sino que tenga la potencia de construirse colectivamente sin las imposiciones interesadas de estas empresas.
Queremos fortalecer el protagonismo ciudadano debatiendo la historia y construyendo el conocimiento necesario para identificar las políticas y a los sectores que promueven el pensamiento único y pretenden instalar la desesperanza erigiéndose como única salida para las comunidades.
Queremos involucrarnos en la construcción de caminos hacia un futuro colectivo y democrático, armónico con los DDHH y su plena vigencia, donde los proyectos comunitarios e individuales sean posibles.
Queremos que el extraordinario proceso de educación popular que la comunidad de Esquel generó y viene sosteniendo desde hace una década, ese proceso de difusión de información científica sobre megaminería que hizo punta en nuestro país y que es reconocido en todo el mundo, pueda tener su correlato en la educación escolar y pública de nuestra comunidad. Porque, como decía Paulo Freire: “Cuanto más crítico un grupo humano, tanto más democrático y permeable es. Tanto más democrático cuanto más ligado a las condiciones de su circunstancia”.
Y lo queremos porque concebimos un presente y un futuro en el que las dictaduras militares no sean remplazadas por dictaduras empresariales.
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