La sangre que costaron aún las humedece. Porque las tierras de centenares de comunidades indígenas de nuestro país siguen sin ser restituidas a sus dueños legítimos, pese a que el Estado está obligado a motorizarlo. La ley nacional 26.160 declaró en 2006 “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u organismo provincial competente”, y dispuso dos medidas tendientes a regularizar la situación dominial de estos pueblos: suspender por cuatro años los desalojos a comunidades incluidas en la emergencia y realizar, en los primeros tres años de su vigencia, “el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Tal relevamiento, inflador anímico y herramienta clave para el viejo reclamo aborigen por el suelo propio, corría por cuenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Para instrumentarlo, cubrir honorarios profesionales y concretar los programas de regularización dominial, se creó un fondo especial de 30 millones de pesos. La Pulseada se quedó con las ganas de acceder a ese censo: no existe.
Aunque debería estar listo para el mes que viene (la emergencia de tierras de propiedad comunitaria indígena se sancionó el 1º de noviembre de 2006), el INAI no tiene un documento que dé cuenta del trabajo ni sabe cuándo lo tendrá, según informó a la revistaun funcionario jerárquico del área de Tierras y Personería Jurídica que pidió mantenerse en reserva. Peor aún, la misma fuente admitió que ni siquiera tienen un borrador informal donde se haya ido volcando el trabajo ordenado y presupuestado, que sintetice lo andado hasta aquí y funcione como panorama, diagnóstico y pronóstico.
Pese a lo anterior, el funcionario ─un abogado que dijo ocupar su cargo desde 2006─ aseguró que hoy el relevamiento “tiene estado de ejecución” en comunidades de siete provincias. Esto significaría que en ellas comenzó alguna de las etapas de trabajo, a saber: “encuesta, cartografía, fundamentación antropológica y herramientas jurídicas para la regularización dominial”. Entre las comunidades más avanzadas en el programa, enumeró a la Alecrin (Misiones), la Sepúlveda (Chubut), la Cuña Pirú (Misiones) y la Mocoví de Berisso.
Por Josefina López Mac Kenzie
Fuente: La Pulseada
Más información: http://www.lapulseada.com.ar/
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Finalmente esta ley se prorrogó. La nota es muy buena. ¿Dónde se accede a la original?
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